Ley 2/2023: Todo lo que necesitas saber sobre el canal de denuncias en España
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 2/2023, están obligadas las empresas privadas con 50 o más trabajadores, el sector público y determinadas entidades señaladas en la norma a implantar un Sistema Interno de Información.
El artículo 18 de la Ley 2/2023 establece un plazo máximo de 7 días hábiles para acusar recibo y de 3 meses para la resolución del procedimiento.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha cambiado de forma sustancial la forma en que muchas organizaciones españolas gestionan la integridad interna. Su artículo más visible para el día a día empresarial es la obligación de contar con un Sistema Interno de Información y, dentro de él, un canal de denuncias eficaz.
Origen europeo y objetivo de la norma
La ley transpone la Directiva (UE) 2019/1937, que busca proteger a las personas que reporten infracciones del Derecho de la Unión Europea en ámbitos como contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad de productos, protección del medio ambiente o protección de datos. En España, el texto amplía el alcance y articula un régimen sancionador y de protección del informante con especial atención al entorno laboral y corporativo.
El objetivo no es únicamente cumplir un requisito formal, sino crear un mecanismo que permita detectar irregularidades de forma temprana, reducir el riesgo de corrupción y reforzar la confianza interna y externa en la organización.
¿Qué es el Sistema Interno de Información?
El Sistema Interno de Información es el conjunto de políticas, procedimientos y herramientas que permiten recibir, investigar y resolver comunicaciones sobre conductas contrarias a la ley o a políticas internas relevantes. Elcanal de denuncias es la puerta de entrada, pero el sistema interno de información también incluye designación de responsables, protocolos de actuación, comunicación con el informante, conservación de evidencias y registro de actuaciones.
Un error habitual es confundir el canal con el sistema completo. Disponer de un formulario sin procedimiento documentado deja a la empresa en una posición frágil ante inspecciones, auditorías o conflictos laborales.
Principales obligaciones para las empresas
- Implantar un canal accesible a trabajadores y, cuando proceda, a terceros vinculados.
- Garantizar confidencialidad y prohibir represalias.
- Designar un responsable o unidad de gestión del sistema.
- Acusar recibo de la comunicación en un plazo máximo de siete días.
- Resolver o cerrar el expediente en un plazo razonable, habitualmente tres meses.
- Llevar el libro-registro de actuaciones conforme al artículo 26.
- Informar a los trabajadores sobre la existencia y funcionamiento del canal.
Protección del informante
La ley protege a quien informe de buena fe, incluso si finalmente no se confirma la infracción, siempre que la comunicación se base en indicios razonables. Quedan prohibidas las represalias directas o indirectas, y la norma refuerza la confidencialidad de la identidad del informante salvo excepciones muy limitadas.
Para el área de Recursos Humanos y para la dirección, esto implica revisar protocolos de disciplina, evaluación del desempeño y comunicación interna para evitar prácticas que puedan interpretarse como represalia.
Plazos críticos que no puedes ignorar
Los plazos no son meramente burocráticos: estructuran la defensa jurídica de la organización. El acuse de recepción a siete días demuestra diligencia inicial. El plazo de resolución a tres meses obliga a mantener el expediente activo y documentado. Si se necesita más tiempo, la prórroga debe estar justificada y comunicada conforme a la normativa y a la política interna.
Las plataformas especializadas como Canal360 automatizan el seguimiento de estos plazos para reducir el riesgo operativo.
Libro-registro: el activo invisible en una auditoría
El artículo 26 exige llevar un registro de las actuaciones realizadas en el marco del sistema. En una auditoría de compliance, due diligence o inspección, este registro suele ser uno de los primeros documentos solicitados. No basta con tener correos dispersos: hace falta una trazabilidad clara de recepción, análisis, medidas adoptadas y cierre.
Sanciones y riesgos por incumplimiento
La ley contempla sanciones para quienes impidan el uso del canal, ejecuten represalias o incumplan deberes de confidencialidad. En los supuestos más graves, las multas pueden alcanzar cifras muy elevadas. Pero el riesgo no se limita a la sanción administrativa: también afecta a la reputación, a la contratación pública y a la relación con inversores o socios industriales.
Buenas prácticas de implantación
- Realizar un diagnóstico de obligación y alcance por entidad.
- Aprobar una política interna comprensible para los empleados.
- Seleccionar una herramienta que cubra ciclo completo, no solo recepción.
- Formar a los gestores del canal y al órgano de administración.
- Comunicar el canal de forma clara y periódica.
- Revisar métricas y lecciones aprendidas al menos una vez al año.
Cómo ayuda Canal360
Canal360 fue diseñado a partir de experiencia real en consultoría y cumplimiento. La plataforma cubre portal de denuncias, gestión de casos, mensajería con el informante, control de plazos, adjuntos y generación del libro-registro. Está orientada tanto a empresas obligadas como a despachos y gestorías que implantan el canal para sus clientes.
Si necesitas pasar de la teoría a la práctica, consulta los planes y precios, revisa si tu organización está obligada o registra tu empresa para activar el sistema.